SANTIAGO DE CHILE.- Dirigentes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile (AFEP) ocuparon la sede del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en protesta por las políticas del gobierno de Sebastián Piñera.
"El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se niega a firmar decenas de querellas por casos de ejecutados políticos", denunció la presidenta de la AFEP, Alicia Lira.
"La derecha lleva nueve meses en el gobierno y no ha presentado ni una querella por ejecutados políticos. Incluso se han reunido con violadores de los derechos humanos", insistió Lira.
De hecho, el propio Piñera mantuvo antes de ser elegido una publicitada reunión con generales en retiro, quienes le pidieron una salida política a las causas de derechos humanos.
Abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior apuntaron desde hace meses que el objetivo del Gobierno es frenar las causas. "Pareciera que no se quiere avanzar", dijo la abogada Karina Cerda, tras advertir que a fines de año probablemente serían despedidos los juristas que llevan las causas de las víctimas.
Unos 3.000 chilenos y extranjeros fueron ejecutados o desaparecidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, en la que varios dirigentes oficialistas trabajaron como funcionarios.
Otros 50.000 chilenos fueron víctimas de flagelos, incluidos niños. Las causas por violaciones a los derechos humanos enfrentan un escenario cada vez más complejo en Chile, con múltiples fallos que dejan en libertad a represores, según abogados de las víctimas. De los 110 ex uniformados condenados los últimos tres años, sólo 22 cumplen penas efectivas, según el Ministerio del Interior.
En total, de 200 condenados en los últimos 15 años, sólo 65 están presos. Los demás recibieron penas remitidas, en virtud de leyes ordinarias de prescripción de los delitos. (DPA)